En julio de 2024, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones criminales transnacionales, lo equiparó con cárteles como el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación, las cuales tienen presencia en más de cien países y cuentan con más de 45 mil miembros, asociados y facilitadores.

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Entre los argumentos de la oficina estadounidense, se describía a esta banda carcelaria venezolana —ya desmantelada— como cabecilla de una red internacional. Sin embargo, dichos argumentos estaban menos relacionados con la realidad delictiva del grupo que con una sofisticada maquinaria de construcción narrativa, financiada desde Washington y amplificada por medios internacionales.

El Tren de Aragua, surgido en la década de 2010 como una estructura delictiva dentro de la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, amplió su radio de acción. Descrito como una banda multicriminal, este grupo se dedicaba a diversos delitos: extorsión, control interno del penal y cierto tráfico de drogas.

Ante la existencia y expansión de este grupo criminal, en 2019 las autoridades venezolanas iniciaron investigaciones contra el Tren de Aragua, que inicialmente operaba en el estado Aragua y que fue expandiéndose a otras regiones del país.

Desde entonces, el Estado venezolano llevó a cabo un ataque contra esta banda en dos fases: una primera en la cual se ubicaron a sus líderes y se desarticuló la organización, resultando en la detención de 28 integrantes y la emisión de órdenes de aprehensión contra otros 46 individuos; y una segunda, desencadenada tras la toma del penal de Tocorón en la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro, enfocada en desmantelar el entramado financiero de la banda y que tuvo su reedición en otros penales como los de Yaracuy y Trujillo, así como el de Tocuyito.

En esta última operación se realizaron allanamientos, decomisos de vehículos e inmuebles, y se detuvo a 16 involucrados, con 14 en proceso judicial. En total, hay 44 detenidos y 102 con órdenes de aprehensión por su involucramiento con el Tren de Aragua.

Felicito a los más de 11 mil efectivos de la FANB y fuerzas policiales por la exitosa intervención del Centro Penitenciario de Tocorón. Ahora nos preparamos para la segunda fase de la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro. ¡Vamos hacia una Venezuela libre de bandas… pic.twitter.com/nglrnXJbEM

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 20, 2023

No obstante, para entonces la narrativa internacional ya había convertido al Tren de Aragua en un supuesto grupo transnacional, con células operativas en distintos países del mundo a cargo de una presunta red de trata que se extendía desde Chile hasta Estados Unidos, transformándolo en una «amenaza» para la gran potencia norteamericana.

Estas afirmaciones, sin embargo, carecen de sustento real: son meras especulaciones convertidas en «hechos» a través de un entramado de financiamiento y desarrollo narrativo y mediático vinculado al Departamento de Estado.

Documentos y rastros de financiamiento muestran cómo think tanks, ONG y medios alineados con la política exterior estadounidense tejieron la leyenda de una organización capaz de controlar rutas migratorias desde Chile hasta EE.UU.

La National Endowment for Democracy (NED), organización financiada por el Congreso de EE.UU., destinó entre 2020 y 2024 unos 2.3 millones de dólares a proyectos sobre «crimen organizado en Venezuela», según sus informes públicos. Entre los beneficiarios estuvo el Monitor de Víctimas, una articulación de medios que incluye El Pitazo, RunRun.es y Tal Cual. Esta coalición impulsó gran parte de la cobertura inicial sobre el Tren de Aragua.

En este ecosistema, ciertos periodistas se convirtieron en fuentes de consulta. Ronna Rísquez, autora del libro Tren de Aragua (2023), formada en la Universidad de Columbia y opositora declara, fue premiada por la Fundación Gabo —asociada a USAID—, y sus investigaciones fueron citadas por el Tesoro estadounidense para justificar sanciones.

Hoy, aunque ella misma reconoce que no hay evidencia de que el grupo opere en EE.UU., su trabajo sigue siendo referencia en medios internacionales. Casos similares son los de César Batiz y Joseph Poliszuk, periodistas venezolanos en Miami cuyos reportes —financiados por la NED— son amplificados por CNN Español y El Nuevo Herald.

Por su parte, USAID financió a InSight Crime, medio especializado que publicó en 2023 al menos 17 artículos vinculando al grupo con el gobierno de Nicolás Maduro, sin presentar pruebas concluyentes. Esta versión fue desmentida incluso por las propias Agencias de inteligencia estadounidenses como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), las cuales coincidieron en que el Tren de Aragua opera de manera independiente, sin vínculos con el Gobierno venezolano. Solo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) discrepó parcialmente, basándose en información considerada poco confiable por otras agencias.

Open Society Foundations, mientras tanto, apoyó talleres para periodistas en Colombia y Perú donde se promovió la idea de una «expansión regional» del Tren de Aragua.

El modus operandi de esta maquinaria sigue un patrón reconocible: think tanks producen informes con lenguaje alarmista («El Tren de Aragua es la nueva MS-13»); medios locales financiados por las mismas ONG los difunden y ganan premios de fundaciones afines; grandes medios internacionales retoman los contenidos sin verificación independiente; y finalmente, funcionarios estadounidenses los usan para justificar medidas políticas.

Un ejemplo concreto ocurrió en octubre de 2023, cuando InSight Crime afirmó que el Tren de Aragua «controlaba el tráfico de migrantes en la frontera sur de EE.UU.». Días después, senadores republicanos usaron el informe para pedir sanciones adicionales contra Venezuela. La conexión entre producción mediática y acción política es directa: basta reconocer el mecanismo para ver su relación causal.

Esta operativa fue denunciada por el presidente venezolano, que incluso señaló que la propia creación y despliegue de bandas criminales como el extinto Tren de Aragua son promovidas y organizadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos (EE.UU.) y la Administración de Control de Drogas​ (DEA) desde Colombia, para realizar actividades terroristas en Venezuela.

Hoy, el arma narrativa del «Tren de Aragua» alimenta el secuestro y deportación —a prisiones de máxima seguridad sospechadas de ser centros de tortura— de cientos de migrantes venezolanos en EE.UU.

Mientras en 2024 EE.UU. deportó a 1,200 personas bajo el argumento de «vínculos con el crimen organizado», en lo que va de año se han realizado deportaciones masivas a Guantánamo y al CECOT salvadoreño, sin debido proceso y, en la mayoría de los casos, contra venezolanos sin antecedentes penales.

A su vez, en países como Chile, Perú y Ecuador, gobiernos aprobaron leyes migratorias más restrictivas citando la «amenaza del Tren de Aragua». La mediática nacional insiste en culpar a este grupo —ya inexistente— de la creciente criminalidad, disparada por los niveles de desigualdad propios de regímenes neoliberales. Así, además de criminalización, se desarrolla una estigmatización de la población venezolana, expuesta a hechos discriminatorios.

La pregunta flotante es por qué una banda ya extinta recibe el tratamiento de una estructura con despliegue internacional, como si fuera una de las pocas organizaciones criminales globales. La respuesta parece estar menos en la seguridad regional y más en la necesidad de justificar sanciones, intervenciones y perpetuar la falsa imagen de Venezuela como Estado fallido.

Los verdaderos ganadores son los think tanks que aseguran fondos, los medios que cosechan clics y los políticos —republicanos y demócratas— que alimentan su retórica antimigrante. Los perdedores: los migrantes venezolanos, doblemente victimizados: primero por las sanciones contra su país, luego por una narrativa que los criminaliza.

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